Intervenciones de Comportamiento... ¿Éticas y Legales?
La economía del comportamiento propone mecanismos no sólo atractivos sino potencialmente más eficientes y efectivos para lograr los objetivos de política pública. El uso de intervenciones que buscan capitalizar los sesgos psicológico cognitivos han dado como origen la creación de instituciones especializadas en la materia, como lo es el Behavioural Insights Team (BIT). Varios gobiernos han adoptado de forma entusiasta el uso de Nudges y otras técnicas para modificar el comportamiento, en algunos casos demostrando que los efectos y resultados de dichas intervenciones son óptimos. Incluso, se considera que este tipo de mecanismos de comportamiento (behavioural mechanisms) pueden reemplazar a las medidas de política pública y regulación tradicional.
Sin embargo, como parte de la consideración de las estrategias fundadas en Economía el Comportamiento para lograr objetivos públicos, es necesario tomar en cuenta las distintas implicaciones no sólo éticas sino legales del uso de estos mecanismos. Lo anterior se debe a ciertos aspectos controversiales del uso de dichos instrumentos. Por ejemplo, generalmente se espera que los Nudges sean encubiertos y utilicen los sesgos cognitivos en la toma de decisiones de los individuos. Estos dos elementos nos plantean una serie de retos y cuestionamientos que deben considerarse sobre todo en el contexto de una gradual adopción, en particular para fines de política pública de este campo.
Para comenzar habría que preguntarse en qué contextos un Nudge es, no sólo óptimo en términos técnicos, sino legítimo y justificable con base en el interés público. No es lo mismo una intervención fundada en Economía del Comportamiento en Estados con severos problemas de legitimidad, que una intervención en un contexto con una democracia funcional y un gobierno transparente.
En mi opinión, para que una intervención pueda considerarse legítima debe de existir necesariamente una condición no sólo de gobernabilidad sino de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto que Estado de Derecho. Dicho lo anterior, en estos contextos la ciudadanía confía en el Estado considerando que este último toma decisiones y actúa en pro del interés público. Quizá la razón por la cual ha habido una aceptación generalizada del uso de Nudges en países como el Reino Unido, se relaciona directamente con la relación positiva entre sociedad y gobierno. En estos casos no habría gran diferencia en términos de legitimidad de una intervención convencional, persuasión o sanción, y una intervención behavioural.
Uno de los principales problemas del uso de técnicas de comportamiento consiste justamente en capitalizar mecanismos psicológico-cognitivos para el logro de objetivos de terceros. No podemos negar que al menos en contextos como el mexicano, existe una doctrina sólida en materia de Derechos Humanos y una intervención como Nudge podría en algún nivel considerarse violatoria de dichas garantías. ¿Por qué los creadores de política pública consideran que las personas deberían de donar órganos? ¿Por qué debo de ahorrar en fondos de pensiones?
Innegablemente si adoptamos la lógica planteada por Thaler y Sunstein, como paternalistas libertarios, estaríamos argumentando que es por un beneficio directo para los implicados. Sin embargo, esto constituye una delgada línea entre la manipulación y la autonomía en la cual la decisión de donar o ahorrar responde a un juicio valorativo del creador de política pública, más que a los intereses de los sujetos.
No pretendo ir en contra de la Economía del Comportamiento, sino todo lo contrario, me parece que este tipo de consideraciones no deben tomarse a la ligera. El uso de intervenciones que capitalizan sesgos psicológico cognitivos en el ámbito público conlleva una responsabilidad sustantiva para quienes diseñen e implementen dichos mecanismos.
Primero, es necesario considerar el contexto en términos de legitimidad que tiene alguna institución pública o gobierno. Si esta es percibida y reconocida por la ciudadanía como una instancia responsable que actúa en pro del interés público, sería factible utilizar Nudges. Por el contrario, si el elemento de legitimidad no está dado una intervención con Nudges, no sería lo más recomendable. Naturalmente las condiciones políticas y sociales de un determinado contexto son esenciales para determinar si intervenir o no, sea por la vía que sea.
Segundo, si bien las políticas públicas han tenido la tendencia de contar con análisis de impacto, análisis costo-beneficio, entre otros mecanismos de evaluación, me parece que no debemos generalizar ni mucho menos sesgar los potenciales beneficios e impacto de iniciativas behavioural. Como el mismo Sunstein reconoce, es importante informar de manera empírica el diseño de la política pública, en particular aquella que contiene elementos de Economía del Comportamiento. El grado de cumplimiento ético e incluso legal sería mayor si antes de cualquier intervención se realizan los estudios empíricos necesarios sobre los cuales pueda inferirse si funciona o no dicha propuesta.
La Economía del Comportamiento es un fascinante campo con muchas oportunidades para el diseño, implementación e impacto de mejores políticas públicas y regulaciones. No obstante, es necesario dar el paso con el pie derecho en su adopción tomando en cuenta las implicaciones éticas, legales e incluso aquellas asociadas con legitimidad, de las intervenciones propuestas por medio del desarrollo de mecanismos de evaluación, consulta ciudadana y sobre todo de aplicaciones piloto de dichas medidas.
@cgarciacueva