La Economía de la (des)honestidad: Ideas desde la experiencia del comportamiento

1417385740EDIT-CART-01-DEC-14.jpg

Entender las diversas formas en que la corrupción afecta las políticas de desarrollo social implica entender un fenómeno global muchas veces inherente a la naturaleza humana de quienes perpetúan actos corruptos. El primer paso para comprender y cuantificar las distintas formas en que la corrupción inhibe el desarrollo es revisar las motivaciones que propician acciones deshonestas, los beneficios que éstas otorgan a sus perpetuadores y plantear estrategias para influir positivamente a favor de la transparencia.

La Economía del Comportamiento presenta una apuesta interesante para alentar políticas anticorrupción ya que, de acuerdo a esta vertiente, ningún individuo toma decisiones meramente racionales sino que es influenciado por sus emociones, psicología, entorno social, instinto y los recursos económicos, personales y comunitarios con los que ha sido dotado. También pregona el análisis del comportamiento humano a través de experimentos efectivos que generan “empujones” –nudges-, para provocar cambios positivos a nivel social y abrir un nuevo campo de políticas públicas eficaces basadas en esos resultados.

Hay que partir mencionando que en ocasiones las instituciones que velan por la transparencia son la raíz misma del problema y de la solución por igual. Una política anticorrupción efectiva requiere de una evaluación previa del estado de las instituciones que las aplican, así como de los agentes y oficiales que gestionarán su monitoreo y evaluación. La economía del comportamiento propone que, más allá de la solución dual de endurecer los castigos y reducir los beneficios potenciales de la corrupción, es importante tener en cuenta que las instituciones son lideradas por humanos cuyo comportamiento tiene resultados y consecuencias en el manejo de políticas anticorrupción, y que dicho comportamiento está influenciado por una serie de factores que van más allá de la valoración económica. 

El estudio del comportamiento corruptivo supone el análisis de las preferencias de los individuos de acuerdo al entorno social en el que se mueven y a su capacidad de respuesta frente a alteraciones o cotidianeidades en ese mismo entorno. Por ejemplo, el análisis empírico de la economía del comportamiento comprueba que una sociedad con bajos niveles de confianza social es más propensa a la corrupción. Asimismo, una sociedad en donde se instaura la confianza mutua –o donde al menos existe el beneficio de la duda sobre la ética ajena- resulta más productiva, cooperativa y reticente a caer en conflicto. Esto hace eco en uno de los preceptos cardinales de la trampa corruptiva: cuando se percibe una corrupción generalizada, la gente tiende a replantearse el ser honestos por miedo a sufrir los efectos de la corrupción causada por los demás.

Otro factor tomado en cuenta en la escuela de economía del comportamiento es la internalización de las normas sociales a nivel personal. La presión social, la reciprocidad, la predisposición al beneficio propio por encima del comunitario, el nivel de compromiso social, la temporalidad con que pueden recibirse beneficios por medio de actos deshonestos y el nivel de apertura personal a estímulos transformativos son parámetros significativos para analizar el comportamiento corruptivo y diseñar políticas contestatarias con base en ello.

Las políticas anticorrupción tienen un costo elevado y no pocas veces resultan económicamente inviables al pretender cubrir grandes quintiles de la sociedad. Los “empujones”, por otra parte, presentan ventajas económicas al poderse incubar en cualquier laboratorio de políticas públicas sin drenar sus fondos y pueden ser un atajo para la elaboración políticas con evidencia empírica en medidas preventivas como la transparencia en contratos gubernamentales, la facilitación en los procedimientos para programas sociales o programas piloto para comisiones anticorrupción en diferentes niveles de gobierno.

La aplicación de la economía del comportamiento tiene el potencial de crear propuestas de políticas para atenuar el estándar de competitividad para la extracción ilícita de recursos, fomentar una competencia transparente entre oficiales y agentes por puestos y ascensos en el sector público, prevenir la participación de funcionarios en proyectos donde pudiesen tener un interés económico y reformar el rol del gobierno en las áreas económicas más susceptibles por la corrupción. También sería interesante profundizar en el uso de tecnología para incentivar la participación ciudadana en prevenir, denunciar y sancionar irregularidades por medio de experimentos a pequeña escala que vislumbren políticas de gran alcance.

La corrupción pone de manifiesto muchos males sociales que demandan políticas exhaustivas que ataquen el problema desde la raíz, reduciendo las motivaciones que llevan a una persona a ser deshonesta y transformando la forma en que nuestras instituciones perpetúan actos de corrupción con indolencia. Está comprobado que la corrupción guarda una estrecha relación con menores índices de crecimiento, desarrollo y que sus efectos son mayormente resentidos por los más desprotegidos dentro de una sociedad. Es precisamente esa amenaza al desarrollo social lo que nos obliga a trazar políticas innovadoras para combatir la corrupción.

Irving Argaez2 Comments