SOMOS HUMANOS

Pensar en intervenciones de política pública muchas veces presupone un cambio sustancial del estatus-quo y, sobre todo, asume que cualquier modificación deberá traer consigo grandes beneficios a los ciudadanos. Sin embargo, muchas de estas soluciones no siempre dan los resultados esperados. Es por esto que es de suma importancia diseñar y elegir políticas públicas tal que logremos incrementar los retornos esperados de nuestros impuestos.

La lógica de los pesos y contrapesos es el control y vigilancia mutua. Un problema que aqueja fuertemente a varios países sobre todo de Latinoamérica es el de la corrupción. En México al menos se ha vuelto plática de sobremesa de varias familias donde vamos conociendo gradualmente numerosos casos, unos más insolentes que otros, de políticos y servidores públicos que incurrieron en actos ilícitos de corrupción. El mecanismo de control que los gobiernos instauraron para hacer frente a este tema es el contar con unidades internas especializadas en monitorear e identificar ilícitos dentro de las instituciones públicas1. Sin embargo, como toda unidad de trabajo, la capacidad que tienen de realizar sus actividades es limitada (Aramburu, V. 2016). Es por esto que, como sugiere el análisis de este autor, es importante considerar políticas que liberen los recursos (ya sean monetarios o humanos) para que estos se dediquen a las actividades más sustantivas y de mayor valor agregado. Dicho de otro modo, es necesario contar con medidas que liberen recursos públicos para atender los problemas de mayor relevancia e incrementar los retornos esperados de nuestros impuestos.

Diversas investigaciones académicas basadas en la teoría de la decisión racional señalan que el comportamiento de la corrupción puede ser ampliamente explicado por a) el nivel de incertidumbre que enfrentamos al tomar decisiones (Berninghaus et al. 2010); b) la percepción inicial que tenemos sobre el nivel de corrupción existente en los gobiernos (Rose y Peiffer 2016), y otras razones como c) el grado de aversión al riesgo de cada agente económico. No obstante, estas razones pasan por alto que en contadas ocasiones clasificamos erróneamente una conducta negligente como una de corrupción.

Al respecto, enfoquémonos en un caso en particular identificado igualmente por Aramburu, V. (2016):

En su análisis con datos del gobierno mexicano para el periodo 2006-2012, Aramburu identifica que alrededor del 70 por ciento de los casos (expedientes de responsabilidades administrativas) manejados por los Órganos Internos de Control (OIC, nombre oficial de estas unidades especializadas)  tiene como origen que los servidores públicos omiten presentar su declaración patrimonial. Si bien es altamente relevante que estas unidades persigan los casos donde se dio enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, es notable el alto porcentaje que descuida sistemáticamente este trámite. La sugerencia es evidente. Y es hacer todo lo posible para que esta tarea se realice tal que primero se cumpla con el objetivo de identificar aquellos casos de verdadera corrupción y segundo se liberen recursos de los OIC para que persigan de oficio aquellos procesos de mayor relevancia.

Es posible explicar el descuido sistemático de los servidores públicos a través de varios sesgos cognitivos. Primero, es lógico pensar que un porcentaje de empleados de gobierno tengan otras preocupaciones y decidan postergar el presentar su declaración (algo conocido como: dejar todo al último), y, finalmente, olviden hacerlo. Segundo, es igualmente concebible sugerir que el proceso sea engorroso, difícil y poco claro; al menos las primeras veces. Tercero, el servidor público no obtiene algo a cambio más que la satisfacción (sin ser reconocida) del deber cumplido. Cuarto y último, que el servidor probablemente no conozca las consecuencias de faltar a su obligación. 

Si bien las cuatro razones planteadas aquí no son las únicas, si nos dan la pauta para concebir una serie de soluciones al problema. Para la primera razón podemos idear un número de respuestas: 1) enfatizarle al servidor público que entre más rápido elimine este pendiente de su agenda más rápido podrá avanzar con lo demás; 2) asumir que el servidor público prefiere realizar su declaración antes que cualquier otro trámite y facilitarle su decisión por medio de un default de opt-out, y 3) crear mecanismos de compromiso que fijen una fecha y hora donde el servidor dedique exclusivamente su tiempo a iniciar y terminar su declaración (commitment device). En cuanto a la segunda razón, también podemos pensar en varias alternativas pero sobre todo debemos enfocarnos en facilitar y transparentar la declaración. La tercera razón plantea un reto adicional, y es que aludir al reconocimiento social sobre cierta acción puede mermar el cumplimento de aquellos servidores que preferían ver (sin reconocer y de manera anónima) su decisión. Sin embargo, para aquellos pertenecientes al 70 por ciento que optaron por no presentar la declaración por falta de reconocimiento social, esta opción podría ser la mejor. La cuarta y última razón es básicamente darle a conocer al empleado las consecuencias de no cumplir con su obligación y esperar que con esta información aprenda y modifique así su comportamiento.

Es evidente no dejar de mencionar que recurrir a mecanismos monetarios (premiar a los servidores públicos que presenten su declaración por ejemplo) trae consigo grandes riesgos ya que puede eliminar por completo los motivos internos de cada agente económico para realizar dicha declaración y tergiversar los objetivos finales de esta actividad. Es por esto que una opción monetaria en el sentido estricto de la teoría económica tradicional no se sugiere.

Como conclusión quisiera dejarlos con la importancia de experimentar con todas estas posibles soluciones y así encontrar la mejor o en su defecto un cúmulo de estas. Lo que nos podría enseñar este continuo proceso es que eventualmente logremos calibrar dichas respuestas con la finalidad de liberar recursos públicos en problemas que no necesariamente implican un comportamiento evasivo, tramposo ni corrupto sino uno más bien humano.

Para finalizar quiero resaltar que este tema se puede atender si se realiza un diagnóstico que identifique las razones por las cuales los servidores públicos incumplen con su obligación. En la medida en la que se conozca lo anterior, en la medida en la que las propuestas de solución serán más acertadas. Es por esto que para plantear un mecanismo de prevención y/o respuesta es necesario primero realizar un diagnóstico que señale las causas más claras. Este tema no es uno menor ya que una vez que entre en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas tendremos ahora a más servidores públicos que deban de presentar este requisito y es lógico pensar que la carga para las diferentes autoridades involucradas será mayor si esta obligación no se cumple adecuadamente.

@adrianvl13

Notas y referencias:

1 Para una descripción más precisa de estas unidades internas ver: Aramburu, V. (2016). Factores internos y externos a las instituciones de fiscalización que inciden en la probabilidad de sancionar administrativamente a los servidores públicos: el caso de México durante la administración de Felipe Calderón. XVI Certamen Nacional de Ensayo sobre fiscalización superior y rendición de cuentas, pp. 9-45. Disponible en: https://www.asf.gob.mx/uploads/65_Certamen_Nacional_de_Ensayo_Sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas__Trabajos_Ganadores_del_Primer_Certamen_Nacional_de_Ensayo_sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas___Trab/XVI_Certamen.pdf.pdf

2 El término utilizado en la literatura académica es: Quasi-hyperbolic discounting.

Berninghaus, S. et al. (2010). Risk attitude, beliefs, and information in a corruption game – An experimental analysis. Karlsruher Institut für Technologie, Working paper series in economics, No. 6.

Rose, R. y Peiffer, C. (2016). Integrating institutional and behavioural measures of bribery. Eur J Crim Policy Res, Vol. 22, pp. 525-542.  

Adrián VargasComment